LOCAL
Busca que Congreso ratifique contralores
Miriam García
(25 febrero 2016) .-00:00 hrs
Para que el Congreso local tenga facultades de ratificar a los contralores del Estado y los Municipios y se establezcan acciones para obligar a la prevención de la corrupción y no sólo a su sanción, la fracción del PT presentó ayer una iniciativa de reforma a la Constitución.
Sergio Arellano, Diputado petista, plantea en su iniciativa establecer en la fracción 53 del artículo 63 constitucional, que los titulares de las contralorías estatales y municipales y de los órganos que ejerzan recursos públicos, deberán ser ratificados por las dos terceras partes del Congreso local.
También propone que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea de difusión obligada y sujeta a fiscalización castigando la falsedad u omisión que se detecte en ella.
La reforma implica cambios a los artículos 63, 105 y 107 de la Constitución, y la adición del Título VII Bis.
"Consideramos crucial el robustecer la prevención como el medio más eficiente para evitar la corrupción y el cohecho a través de los órganos internos de control institucionales", expresó.
"Las contralorías internas deben tener un papel de alta trascendencia, pues aunque no son los responsables del proceso de operación, si lo son o deben ser en cuanto a su vigilancia contable y financiera... Por ello proponemos como responsables de la prevención a esos órganos internos de control".
Arellano dijo que la corrupción no puede eliminarse por decreto o reducirse con discursos y que es responsabilidad de la Administración pública, del sector privado y de los ciudadanos, prevenirla e informar de los daños que causa la falta de transparencia.
"Sancionamos al que roba, pero no al que lo permite por no vigilar", añadió, "por eso insistimos en la cultura de la prevención".
Sergio Arellano, Diputado petista, plantea en su iniciativa establecer en la fracción 53 del artículo 63 constitucional, que los titulares de las contralorías estatales y municipales y de los órganos que ejerzan recursos públicos, deberán ser ratificados por las dos terceras partes del Congreso local.
También propone que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea de difusión obligada y sujeta a fiscalización castigando la falsedad u omisión que se detecte en ella.
La reforma implica cambios a los artículos 63, 105 y 107 de la Constitución, y la adición del Título VII Bis.
"Consideramos crucial el robustecer la prevención como el medio más eficiente para evitar la corrupción y el cohecho a través de los órganos internos de control institucionales", expresó.
"Las contralorías internas deben tener un papel de alta trascendencia, pues aunque no son los responsables del proceso de operación, si lo son o deben ser en cuanto a su vigilancia contable y financiera... Por ello proponemos como responsables de la prevención a esos órganos internos de control".
Arellano dijo que la corrupción no puede eliminarse por decreto o reducirse con discursos y que es responsabilidad de la Administración pública, del sector privado y de los ciudadanos, prevenirla e informar de los daños que causa la falta de transparencia.
"Sancionamos al que roba, pero no al que lo permite por no vigilar", añadió, "por eso insistimos en la cultura de la prevención".