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#Reforma102... ¡ojo!

Margarita Ríos-Farjat


El colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva lanzó un reto a los candidatos a la Presidencia: comprometerse a reformar el Artículo 102 constitucional para mejorar la procuración de justicia.

¿Ese compromiso implica que suscriban la iniciativa del colectivo? Si es así, revisemos porque tiene serios puntos débiles.

La propuesta inicia presentando datos sobre rezagos en investigaciones de la PGR. Deja claro que el problema es de Policías y ministerios públicos, pero paradójicamente no se centra en esto, que es crucial.

Esos datos menos vienen al caso al deslizarse premisas como ésta: "Un ministerio público autónomo podrá hacer frente a los intentos de influenciar sus decisiones acerca del curso de una investigación... y no cederá a la pretensión de utilizar el poder punitivo del Estado".

La premisa alarma por su ligereza, y sobre ésta (y no sobre datos) se desarrolla toda la iniciativa. El eje es crear un diseño matemático en torno a la autonomía del Fiscal General.

En política pública existen dos temas que un buen diseñador institucional no debe pasar por alto: las expectativas exageradas y los efectos perversos. No parecen haberse revisado estos enfoques. Un diseño institucional no modifica de facto la conducta organizacional de una entidad.

Si hay un problema de descomposición institucional revisemos los contrapesos.

En #Reforma102 se aprecia con claridad que el contrapeso del Senado no está funcionando, pero no se dedica ni una palabra para mejorarlo.

Si hay un problema de operatividad reflexionemos: aún no acaban de implementarse el nuevo sistema de justicia, el anticorrupción y aún no capacitamos a los policías. ¿De verdad el problema es sólo la autonomía del Fiscal? ¿Necesitamos un sistema para garantizarla?

Esa visión presenta además un acertijo constitucional: ¿Policías bajo el mando, en última instancia, de un órgano autónomo?

Si la "seguridad pública es función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva", de acuerdo al 21 constitucional, ¿por qué no hay una sola mención en #Reforma102 en aras de congruencia y certidumbre?

La iniciativa requiere desdoblarse constitucionalmente bien y no agotarse en diseñar esquemas.

Tiene notas positivas: quitar el "pase automático" del Procurador a Fiscal General, y disminuir su duración. Puntos interesantes: retirarle al Presidente la prerrogativa de remover al Fiscal y colocarla en el Senado, y que el Fiscal rinda un informe anual.

Pero hay temas alarmantes, como que el Pleno de la Suprema Corte intervenga en la designación del Fiscal en caso de que el Senado no lo haga.

Esos 11 ministros no son representantes directos de la sociedad, nadie los eligió para eso. Habría una fractura en la división de poderes.

La Corte no tiene por qué nombrar personas, y menos fiscales. Su tarea es resolver conflictos judiciales con la mayor abstracción y sin personalizar. ¿La vamos a poner a que arrastre el lápiz de los senadores? ¿Y cómo resolvería luego las controversias que emanen de ese proceso, de situaciones que involucren al Fiscal?

Además, mala idea fue ponerla a "calificar la constitucionalidad" de las consultas populares, en 2014 las dejó casi inutilizables, demostrando que aquella reforma política venía con letras chiquitas.

¿No es más fácil y más sano obligar a los senadores a hacer su tarea? ¿Ajustar su ley orgánica y enderezarlos? Nada de esto en #Reforma102.

Como tampoco hay confianza en el Senado como contrapeso institucional para elegir bien, se propone una Comisión de Designaciones de la Fiscalía General, de nueve ciudadanos, que "impida" al Senado equivocarse, pues serían un filtro de información técnica y de argumentos sobre los mejores candidatos. ¿Funciona eso en México?

Ya entrados en crear esferas, también se propone un Consejo de Ministerios Públicos, presidido por el Fiscal, con atribuciones como evaluar el Plan Estratégico (que deberá presentar el mismo Fiscal), y también evaluar el desempeño de la toda la Fiscalía.

El problema no es de evaluación, sino de trabajo de calle. Tampoco es un problema de falta de conocimientos técnicos del Fiscal, sino de los servicios periciales. Es un problema de contrapesos y no componemos los existentes.

Crear tanta cosa distrae, pulveriza las responsabilidades, y le complica a la sociedad el conocimiento de sus propias instituciones y entonces las ganas de exigir cuentas.

#Reforma102 es un déjà vu del sistema anticorrupción. Incluyendo que, para variar, nos pidan a los Estados homologarnos a eso.

 
margarita.elnorte@gmail.com
 
 
 

Abogada. Doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Cuenta con una maestría en derecho fiscal y cursos de especialización avalados por la Suprema Corte de Justicia y por la Bolsa Mexicana de Valores. Primer lugar nacional de ensayo jurídico (UNAM, 2000). Con dos libros de poesía publicados, ha sido incluida en más de una docena de antologías de poesía y en revistas nacionales y extranjeras.

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