ECONOMÍA

Sigue sin 'dar señal' reciclaje de TVs

Alejandra Buendía

Monterrey, México (31 marzo 2016) .-00:00 hrs

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En medio de cuestionamientos de organismos civiles y empresarios, hoy vence el único contrato que existe para tratar las televisiones desechadas en el País tras el apagón analógico, sin que el Gobierno haya iniciado un nuevo proceso para darle continuidad al programa de reciclaje.

En noviembre, la SCT contrató a la empresa Reind Química, filial de la estadounidense Stericycle, para que se encargara del adecuado manejo de los aparatos obsoletos.

"La SCT dispondrá de un nuevo proceso de adjudicación para continuar con el servicio integral de acopio, recolección traslado, desensamble, reciclaje y disposición final de los televisores analógicos", indicó la SCT en un escrito enviado a EL NORTE hace dos semanas.

Sin embargo, dicha instancia no ha dado señales de iniciar el proceso para contratar el servicio -ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa- lo que interrumpiría parte del programa.

Mientras, los 750 centros de acopio instalados por la SCT y la Semarnat en el País, operados por Estados y Municipios, seguirán en funcionamiento.

Sin embargo, el futuro de las teles recopiladas es incierto, pues Reind Química se encargaba de recogerlas de dichos centros y llevarlas a una bodega de la SCT en la Ciudad de México, para luego reciclar sus componentes útiles y confinar los peligrosos.

"Es cuestión de dinero, no hay una partida presupuestal específica para esto y si llegan al tope del contrato original (11 millones 600 mil pesos, incluyendo IVA), pues ya no hay presupuesto y el programa se acaba", opinó Sofía Chávez, directora de Vías Verdes A.C.

Ésta y otras ONGs presentaron el 1 de marzo una inconformidad ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de América del Norte, acusando al Gobierno mexicano de incumplir leyes ambientales nacionales e internacionales en la gestión de las teles.

Para Emmanuel de los Santos, director de la empresa de reciclaje CVR Electrónicos, el Gobierno enfrenta un reto para atraer a empresas a participar en el programa.

"Tendría que subir el precio, si no ni a quién le interese participar porque honestamente no es buen negocio.

"Si lo deja igual, yo creo que el ganador va a ser el mismo o si no la bronca se la va a quedar el Gobierno", consideró.

Si se opta por una licitación o invitación, el plazo para presentar propuestas es de entre 5 y 20 días naturales tras la publicación de la convocatoria, más el tiempo para celebrar juntas de aclaraciones, evaluar propuestas y emitir un fallo, calculó Agustín Ríos, experto en derecho administrativo.