LOCAL
Critican por exonerar a priori
Miriam García y Verónica Ayala
Monterrey, México (31 marzo 2016) .-00:00 hrs
Diputados locales y federales dijeron ayer que, contrario a lo que asegura el Secretario General de Gobierno, Manuel González, aún y cuando Rogelio Benavides Pintos haya renunciado a su cargo como Subsecretario de Administración, sí puede ser sancionado administrativamente.
La Diputada federal panista, Brenda Velázquez, refutó las declaraciones de González pues de acuerdo con el Artículo 92 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y el 105 constitucional, los funcionarios pueden ser sancionados mientras no prescriba el delito.
"Independientemente de la acción penal, también debe iniciarse el procedimiento administrativo en la Contraloría estatal. Tienen de 1 a 3 años para sancionarse a los servidores o ex servidores públicos antes de que prescriba el delito", manifestó Velázquez.
"Es una declaración tan tonta y se me hace una burla para los ciudadanos", añadió.
"Solo hace ver la falta de pericia que hay en el Gobierno del Bronco".
El El lunes, la Contralora Nora Elia Cantú señaló que había terminado la auditoría por la compra de cobijas que realizó Benavides, y que ésta reveló irregularidades.
Sin embargo, González aseguró que como Benavides ya había renunciado al cargo no alcanzaba sanciones administrativas.
Los coordinadores en el Congreso local, Arturo Salinas, del PAN; Marco González, del PRI, y Samuel García de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que, aunque ya no aplicaría la separación del cargo, aún puede ser inhabilitado y exigirle la reparación del daño.
"Nos preocupa que este acto pueda quedar impune por las declaraciones de que ya Rogelio Benavides ya no está en el Gobierno y esa es una salida muy fácil", dijo González.
La Diputada federal panista, Brenda Velázquez, refutó las declaraciones de González pues de acuerdo con el Artículo 92 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y el 105 constitucional, los funcionarios pueden ser sancionados mientras no prescriba el delito.
"Independientemente de la acción penal, también debe iniciarse el procedimiento administrativo en la Contraloría estatal. Tienen de 1 a 3 años para sancionarse a los servidores o ex servidores públicos antes de que prescriba el delito", manifestó Velázquez.
"Es una declaración tan tonta y se me hace una burla para los ciudadanos", añadió.
"Solo hace ver la falta de pericia que hay en el Gobierno del Bronco".
El El lunes, la Contralora Nora Elia Cantú señaló que había terminado la auditoría por la compra de cobijas que realizó Benavides, y que ésta reveló irregularidades.
Sin embargo, González aseguró que como Benavides ya había renunciado al cargo no alcanzaba sanciones administrativas.
Los coordinadores en el Congreso local, Arturo Salinas, del PAN; Marco González, del PRI, y Samuel García de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que, aunque ya no aplicaría la separación del cargo, aún puede ser inhabilitado y exigirle la reparación del daño.
"Nos preocupa que este acto pueda quedar impune por las declaraciones de que ya Rogelio Benavides ya no está en el Gobierno y esa es una salida muy fácil", dijo González.
