Para concluir 415 procesos judiciales de violencia familiar y robo a negocio que estaban rezagados, autoridades y organizaciones civiles y de la Iniciativa Privada recurrieron al trabajo en equipo y la comunicación constante entre operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

"En realidad el secreto, el ingrediente clave, fue trabajar en equipo, de una manera continúa y con compromiso", expresó Jesús Herrera Casso, Presidente del Consejo Cívico.

Lo que se hizo, agregó, fue una mayor integración de autoridades como la Procuraduría y el Poder Judicial que trabajaban juntos, pero de forma desconectada.

Martín Carlos Sánchez, de Renace, explicó que formaron dos equipos de trabajo, uno para tratar casos de violencia familiar y otro de robo a negocios, ilícitos que tenían una tasa muy baja de resolución.

Mediante reuniones semanales entre todas las partes involucradas, precisó, se lograron acuerdos para coordinarse, contando con la asistencia técnica de organizaciones como Projusticia, de USAID, y del Instituto de Resultados Rápidos.

"En esas juntas se estableció con qué caso se iba a trabajar, qué era lo que se tenía que hacer para completar la información que se requería y llevarlo a audiencia", señaló.

Los participantes, que son instituciones como la Procuraduría de Justicia, el Poder Judicial, Defensoría Pública, agrupaciones civiles y representantes de la Iniciativa Privada, acordaron un método para trabajar en equipo durante 100 días.

En ese lapso se resolverían 200 casos de violencia familiar y 300 de robo a negocios.

Finalmente superaron la expectativa en el caso de violencia familiar, al concluir 219 casos, y otros 196 de robo a negocio, para sumar 415 procesos.

Los fiscales trabajaron para reunir la información y notificar a las partes, mientras que el Poder Judicial programó audiencias en horario extendido.

Antes, señaló Sánchez, actores como el Poder Judicial, Defensoría Pública, Procuraduría y la Policías no se comunicaban adecuadamente y esto atoraba el sistema.

Debido al éxito del proyecto, el 13 de febrero habría una reunión para determinar las medidas necesarias continuar con el trabajo coordinado.

Alejandro Ponce de León, de USAID, dijo que estas acciones demuestran que se puede ser eficaz y respetar el debido proceso.

El Procurador Bernardo González comentó que este ejercicio sirvió para darse cuenta que se puede trabajar con lo que hay.