COMUNIDAD
Denuncian 'transas' de notarios
Norma Zúñiga y Jonathan Compton
Guadalajara, México (08 diciembre 2014) .-00:00 hrs
¿Qué se necesita para hacerse dueño de un terreno y un ranchito? ¡Un notario dispuesto a pasar por alto la ley!
Y para crear una empresa con representantes 'fantasma' también, como en el caso de Consultores López Castro y Cía, que estuvieron a punto de cobrar 58 millones de pesos del erario por supuestos servicios prestados al Congreso del Estado.
Sergio Alejandro López Rivera, titular de la Notaría Pública 64, quien avaló la creación de López Castro y Cía., está acusado de fraude y falsificación de documentos. No ha sido detenido porque del 2013 a la fecha ha solicitado al menos 17 juicios de Amparo para conocer las acusaciones en su contra o prevenir una posible orden de aprehensión.
En febrero pasado, MURAL publicó que, según fuentes de la Fiscalía estatal, López Rivera fue acusado ante el Área de Delitos Patrimoniales, por varias personas que fueron notificadas por diferentes bancos de que habían perdido sus inmuebles porque fueron hipotecados sin su conocimiento. Los afectados habían realizado trámites en el despacho de López Rivera.
Según el Acta Constitutiva localizada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, este notario es quien dio fe de la integración de Consultores López Castro y Cía, el 27 de septiembre de 2002.
Ahí señala a Sergio Juárez Rivera como administrador único del despacho y que comparecieron Margarita Guzmán Montes y Federico Cárdenas Rodríguez como accionistas.
Sin embargo, un obrero cuyos datos coinciden con los de Juárez Rivera ha rechazado estar involucrado con la consultora. Al igual que otro homónimo. Y asegura que su firma fue falsificada en el contrato entre el despacho y el Congreso.
El otro caso denunciado involucra al Notario Público 1 de Tala, Eleno Vega Guerrero.
Arturo Zepeda Alcántar lo denunció en julio pasado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría General de Gobierno abrió una queja para que sea separado del cargo. Ambos procesos están estancados.
El afectado fue despojado de 4 hectáreas valuadas en casi un millón de pesos, que le habían sido entregadas en pago de un adeudo, por Carlos Basulto Ocampo.
Zepeda Alcántar ha tenido que librar una batalla legal entre amparos, solicitudes de información, denuncias y quejas para que le reconozcan la posesión de la tierra. En el camino descubrió que "regaló" la parcela y el ranchito a Basulto Ocampo, de acuerdo con documentos en poder del Registro Agrario Nacional, según los cuales cedió los derechos parcelarios, de manera gratuita y sin coacción, ante el Notario acusado.
Y para crear una empresa con representantes 'fantasma' también, como en el caso de Consultores López Castro y Cía, que estuvieron a punto de cobrar 58 millones de pesos del erario por supuestos servicios prestados al Congreso del Estado.
Sergio Alejandro López Rivera, titular de la Notaría Pública 64, quien avaló la creación de López Castro y Cía., está acusado de fraude y falsificación de documentos. No ha sido detenido porque del 2013 a la fecha ha solicitado al menos 17 juicios de Amparo para conocer las acusaciones en su contra o prevenir una posible orden de aprehensión.
En febrero pasado, MURAL publicó que, según fuentes de la Fiscalía estatal, López Rivera fue acusado ante el Área de Delitos Patrimoniales, por varias personas que fueron notificadas por diferentes bancos de que habían perdido sus inmuebles porque fueron hipotecados sin su conocimiento. Los afectados habían realizado trámites en el despacho de López Rivera.
Según el Acta Constitutiva localizada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, este notario es quien dio fe de la integración de Consultores López Castro y Cía, el 27 de septiembre de 2002.
Ahí señala a Sergio Juárez Rivera como administrador único del despacho y que comparecieron Margarita Guzmán Montes y Federico Cárdenas Rodríguez como accionistas.
Sin embargo, un obrero cuyos datos coinciden con los de Juárez Rivera ha rechazado estar involucrado con la consultora. Al igual que otro homónimo. Y asegura que su firma fue falsificada en el contrato entre el despacho y el Congreso.
El otro caso denunciado involucra al Notario Público 1 de Tala, Eleno Vega Guerrero.
Arturo Zepeda Alcántar lo denunció en julio pasado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría General de Gobierno abrió una queja para que sea separado del cargo. Ambos procesos están estancados.
El afectado fue despojado de 4 hectáreas valuadas en casi un millón de pesos, que le habían sido entregadas en pago de un adeudo, por Carlos Basulto Ocampo.
Zepeda Alcántar ha tenido que librar una batalla legal entre amparos, solicitudes de información, denuncias y quejas para que le reconozcan la posesión de la tierra. En el camino descubrió que "regaló" la parcela y el ranchito a Basulto Ocampo, de acuerdo con documentos en poder del Registro Agrario Nacional, según los cuales cedió los derechos parcelarios, de manera gratuita y sin coacción, ante el Notario acusado.
