
Desde 2005, cuando estalló la guerra interna de La Familia Michoacana y luego la irrupción de Los Caballeros Templarios, los municipios de Tierra Caliente, la Sierra-Costa y la Meseta Purépecha se transformaron en una región sin autoridad legal.
En esos años José de Jesús "El Chango" Méndez, Nazario "El Chayo" Moreno y Servando Gómez "La Tuta" quitaron y pusieron a los Alcaldes, impusieron el porcentaje del presupuesto municipal para la organización criminal, la designación del director de Seguridad Pública, el acceso a nómina, obra pública y adquisiciones y paso libre de cargamentos, laboratorios y rutas de extorsión.
"Si no subías, te bajaban", recuerda un ex Alcalde consultado sobre el tema.
REFORMA documentó en 2014 que ser llamado al "Cerro" significaba citarse con líderes de Los Caballeros Templarios para ser regañado, advertido o cooptado. No había más.
En ocasiones, "el Cerro" podía ser el rancho "El Jabalí" en Tumbiscatío; o "El Morado", rumbo a Chiquihuitillo, en el Municipio de Apatzingán.
Pero también significaba que los funcionarios acudieran a La Fortaleza Anunnaki, lugar preferido de Nazario Moreno, "El Chayo", cabeza principal de los Templarios, abatido el 9 de marzo de ese año.

Para llegar hasta ahí, desde Apatzingán, se requiere cruzar las localidades de Presa Rosario, Loma de Los Hoyos y Puerta de Alambre, después virar a la izquierda hasta El Alcalde, pasar cerca de Holanda y seguir hasta Guanajuatillo.
Desde una loma se puede observa la grandeza de la propiedad, enclavada al pie de la sierra.
Ahí "El Chayo" recibió a funcionarios del Gobierno de Michoacán, a legisladores, Alcaldes, regidores, síndicos y colaboradores de los Ayuntamientos michoacanos, coinciden testigos.
También a mandos de seguridad pública, quienes aportaron a "El Chayo" información sobre las operaciones federales. La gente era llevada en camiones foráneos o camionetas, a veces con la cabeza cubierta o de noche.
Si el asunto no era importante, "El Chayo" se limitaba a enviar a sus mensajeros para que sus instrucciones llegaran a su destino.
En los cónclaves también participaban el jefe de plaza del Municipio a tratar, así como otros líderes templarios como Servando Gómez, "La Tuta", y Enrique "Kike" Plancarte, los principales brazos ejecutores de "El Chayo".
En las reuniones "La Tuta" y "Kike" fueron contrapesos a las decisiones de Moreno, refirieron los testimonios.
En la pasarela al "Cerro" también acudieron carniceros, tortilleros, taxistas, fayuqueros, restauranteros, fruteros, limoneros y vendedores de droga al menudeo.
La entonces PGR tuvo indicios de que el ex Secretario de Gobierno de Michoacán, José Jesús Reyna, el número dos después del Gobernador Fausto Vallejo, se reunió, por ejemplo, con "La Tuta".
'LA TUTA' Y LA GRABACIÓN DE ALCALDES
En la historia reciente del crimen organizado en Michoacán, pocos personajes alcanzaron el nivel de control político y social que tuvo Servando Gómez Martínez, "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios.
Ex maestro rural y convertido en capo mediático, Gómez transformó la extorsión en un sistema político paralelo. En los años más violentos de su hegemonía, ningún Alcalde tomaba posesión o ejecutaba obra pública sin su consentimiento.
Entre 2011 y 2014, "La Tuta" consolidó un modelo de gobierno criminal basado en la intimidación grabada.
Los videos mostraron reuniones donde el capo citaba a Presidentes Municipales, diputados y empresarios para exigir "aportaciones" a cambio de seguridad o para decidir quién gobernaría cada municipio.
"Si el Gobierno no protege al pueblo, nosotros lo haremos, pero el pueblo debe cooperar",
dijo "La Tuta"en una de las grabaciones divulgadas en 2014.

El Presidente Municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", líder de Los Caballeros Templarios.
Las "cooperaciones" se tradujeron en cuotas mensuales, dependiendo del presupuesto municipal.
A cambio, los Alcaldes recibían "protección" o, al menos, el permiso de gobernar sin ser asesinados.
Las grabaciones eran parte del método de control. "La Tuta" filmaba los encuentros con cámaras ocultas o pedía que sus hombres registraran las reuniones.
En esos videos, se observó a funcionarios locales y empresarios de la construcción comprometiéndose a seguir instrucciones o entregar porcentajes de obra pública.
Algunos videos revelaban incluso acuerdos electorales, candidatos que pedían apoyo financiero para sus campañas, prometiendo "no meterse" con las operaciones del grupo.
Las imágenes eran también una herramienta de chantaje, pues, si algún Alcalde rompía el pacto o denunciaba las extorsiones, el capo amenazaba con difundir los videos.
Así consolidó una red de sometimiento político en Tierra Caliente, Los Reyes, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Según investigaciones federales, más de 40 Presidentes Municipales fueron cooptados o extorsionados por los Caballeros Templarios entre 2011 y 2014.
El dominio de "La Tuta" se extendía también a sectores productivos: imponía precios del hierro, cuotas al transporte y controlaba la venta de limón y aguacate. Su organización creó manuales de "ética templaria" y justificaba la violencia como defensa del pueblo.

La captura de varios Alcaldes vinculados con su grupo, como el de Apatzingán y el de Tacámbaro, expuso la red de corrupción institucional que le permitió gobernar desde la clandestinidad.
La PGR confirmó en su momento que Gómez Martínez utilizó las grabaciones como prueba de "lealtad y obediencia" dentro de su estructura criminal.
En 2015, tras su detención en Morelia, las autoridades hallaron archivos con más de 200 videos en los que aparecían políticos locales, funcionarios estatales y jefes de Policía. Esos registros, según el expediente PGR/SEIDO/UEIDCS/046/2015, fueron fundamentales para documentar el "control del Estado por vía del terror mediático".
"La Tuta" fue sentenciado por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Pero su legado perdura en Michoacán: la sumisión política frente al crimen, el miedo a ser exhibido y el pacto silencioso entre poder y violencia. Hoy, a una década de su captura, su estrategia de grabar, intimidar y someter sigue siendo espejo de cómo el narco sustituyó al Estado en buena parte del territorio michoacano.
5 CABEZAS EN URUAPAN INAUGURAN EL TERROR

La noche del 6 de septiembre de 2006, el bar "Sol y Sombra" de Uruapan se convirtió en el escenario del terror que marcó el inicio de una era sangrienta en Michoacán.
En pleno centro de la ciudad, hombres armados irrumpieron en el establecimiento y arrojaron cinco cabezas humanas sobre la pista de baile, frente a decenas de clientes y meseros paralizados.
Junto a los restos, dejaron un mensaje escrito en una cartulina, lo firmó La Familia.
El hecho selló el nacimiento público de La Familia Michoacana, el grupo criminal que rompería con el dominio del Cártel del Milenio y sentaría las bases de un poder armado con discurso seudorreligiosos y métodos de terror.
Era la antesala de lo que años más tarde sería Los Caballeros Templarios, organización heredera de esa mezcla de fanatismo, control social y crimen.
Las autoridades de la época, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública federal, encabezada por Eduardo Medina Mora, confirmaron que el ataque fue perpetrado por hombres bajo el mando de Nazario Moreno González "El Chayo" y Servando Gómez "La Tuta", dos ex maestros rurales que habían decidido "limpiar" el estado de delincuentes rivales, imponiendo su propia justicia.
Uruapan ya no respondía al gobierno, sino al crimen, desde ese entonces.

En las semanas siguientes, aparecieron cuerpos mutilados, narcomantas y ejecuciones de policías municipales.
Michoacán entraba en una nueva etapa de guerra entre cárteles, fuerzas federales y autodefensas.
En diciembre de 2006, apenas tres meses después del ataque, el Presidente Felipe Calderón, originario de Morelia, lanzó la llamada "guerra contra el narcotráfico", con un operativo que implicó a soldados y federales desplegados en la entidad.
La intervención abrió la puerta a la fragmentación en La Familia Michoacana y de ella surgieron Los Caballeros Templarios, que dominaron con mano de hierro entre 2010 y 2014.
Durante ese periodo, Michoacán se convirtió en sinónimo de decapitaciones, secuestros, cobros de piso y videos de humillación pública.
Los Templarios instauraron un gobierno paralelo con "cuotas" a productores, transportistas, maestros y alcaldes.
Su estructura era jerárquica, con mandamientos inspirados en códigos templarios medievales, y sus líderes, Nazario, "La Tuta" y Enrique Plancarte, se mostraban como "defensores del pueblo" mientras grababan ejecuciones y predicaban su "justicia divina".
Uruapan, Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec se convirtieron en epicentros de la violencia.
Las autodefensas surgieron en 2013 como reacción ciudadana, pero también fueron infiltradas por criminales, reproduciendo el ciclo del poder armado.
A casi dos décadas del lanzamiento de las seis cabezas, Uruapan sigue siendo símbolo del miedo que fundó un imperio criminal, como lo muestra la ejecución de su Alcalde, Carlos Manzo, el sábado 1 de noviembre.
EL DISPARO
CONTRA EL ESTADO

"El balazo que silenció a Manzo fue un disparo al relato del control territorial del Estado", advierte Ghaleb Krame, experto en seguridad nacional, en referencia al asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan.
"No fue un crimen más en una región marcada por la violencia, sino un punto de quiebre en la legitimidad del Estado mexicano, una prueba de que la línea entre autoridad y sometimiento criminal se ha vuelto indistinguible", asegura.
Krame indica que que el homicidio de Manzo revela el colapso del pacto informal entre el Estado y el narcotráfico, un equilibrio de tolerancia mutua que durante años mantuvo una frágil estabilidad.
"¿Estamos ante un catalizador de cambio de régimen? No hablo de un golpe de Estado dramático con tanques rodando por las calles del Zócalo, ni de una revolución armada al estilo del siglo 20. Me refiero a una desintegración orgánica, un proceso sutil pero inexorable donde un municipio clave como Uruapan, centro logístico de la industria del aguacate, que representa el 3 por ciento del PIB nacional, se convierte ahora en el epicentro de una crisis que se expande", opina.
"Aquí convergen un sector económico estratégico bajo extorsión constante, una Iglesia católica combativa con raíces en la memoria cristera, una clase media agraria que se arma con sus propios recursos para sobrevivir, y una Presidencia federal que, por primera vez en su mandato, enfrenta una crisis de legitimidad emocional amplificada en tiempo real por redes sociales y protestas locales", explica.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rindió protesta como Alcalde de Uruapan el pasado 5 de noviembre.
El análisis de Krame ubica el crimen de Manzo en una cadena más amplia de erosión estructural, municipios sin policía funcional, gobiernos locales capturados por grupos como el CJNG y Los Viagras, y un Ejército que llega tarde o no llega.
El especialista interpreta esto como una fractura de la narrativa centralista de Morena, cuya promesa de "pacificación civil" contrasta con el avance del crimen sobre territorios productivos.
"El caso Manzo es el espejo del sometimiento institucional. Si un Alcalde que denunciaba la infiltración criminal, los campos de entrenamiento en la meseta purépecha y la falta de respuesta militar puede ser ejecutado en público, ¿qué autoridad queda para los demás?".
El experto describe cinco ejes del colapso: la pérdida del relato federal, la vulnerabilidad económica por flujos ilícitos, el desplazamiento social, la degradación ambiental y la infiltración institucional.
Todos convergen en un diagnóstico en el que el Estado mexicano está siendo reemplazado por estructuras criminales con legitimidad social.
"Uruapan no es sólo un duelo; es el aviso de un reacomodo nacional. Si el Gobierno no retoma el control, la periferia tomará las armas. Y entonces el Estado ya no negociará con el crimen: será el crimen quien decida con qué Estado negociar", lanza Krame.
Para Gonzalo Zaragoza, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la región de Apatzingán, la región de Tierra Caliente de Michoacán, ha sido durante años escenario de violencia, desigualdad y descomposición social derivadas en gran parte del poder y control que el crimen organizado ha ejercido sobre la vida cotidiana de sus habitantes.
"La captación de jóvenes por parte de estos grupos es quizá el síntoma más doloroso de una sociedad que ha visto cómo se desmoronan los valores comunitarios, las oportunidades y la esperanza. Ante esta realidad, es urgente plantear qué puede y debe hacerse desde la sociedad civil para reconstruir la paz y el tejido social. El primer paso para la reconstrucción es aceptar que la violencia no es un fenómeno aislado ni ajeno. Surge de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de la pérdida de confianza en las instituciones y del abandono social.
"Dos, el crimen organizado ha llenado el vacío que dejó el Estado en materia de identidad y pertenencia. Por eso, recuperar los espacios culturales, deportivos y comunitarios es una prioridad. Cuando los jóvenes encuentran en el arte, la música, el deporte o la tecnología una vía para expresarse y desarrollarse, se reduce el atractivo del camino violento. Iniciativas locales como talleres artísticos, ligas deportivas, ferias comunitarias o centros culturales pueden ser semillas de transformación que devuelvan sentido y orgullo a la comunidad", señala Zaragoza.
Añade que la pobreza y la falta de empleo son terreno fértil para la delincuencia.
"Desde la sociedad organizada, empresarios, cooperativas, agricultores y emprendedores, debe impulsarse una economía solidaria que ofrezca alternativas reales. Invertir en proyectos productivos, capacitar a jóvenes en oficios, fortalecer el comercio local y promover la innovación rural son estrategias que dan sentido de propósito y reducen la dependencia del dinero fácil del crimen", plantea.