Antonio Baranda.-
La Secretaría de Gobernación exhortó al Congreso de Nuevo León a no aprobar la reforma educativa que abre la puerta al llamado "PIN Parental", a fin de no vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ni infringir la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos.
"(Se) hace un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores, salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución", planteó.
En un comunicado, la dependencia afirmó que las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales, que incluyen un veto o "PIN Parental" de madres y padres sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos.
Advirtió que el contenido del dictamen, que se prevé votar mañana, también afecta el interés superior de la niñez al restringir los menores a la educación sexual y el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos.
"En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos", recalcó.
"Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales, e infringen la competencia federal sobre la materia", agregó la dependencia.
A este exhorto, instruido por la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, se sumaron el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
La Segob advirtió que la reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero para permitir a madres y padres tener un "derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
En tanto, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal establece que padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas "que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas".
"Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes, al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte", expuso la Segob.
"Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional".
La única participación de autoridades locales y otros actores sociales en esta materia, abundó la dependencia, es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP, lo cual no autoriza a madres y padres a emitir vetos o "pines parentales" sobre los contenidos educativos.
"Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad, que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos", puntualizó.
"La Constitución impulsa una educación basada 'en los resultados del progreso científico, (que) luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios', por lo que no podrá deberse a las 'convicciones éticas, morales o religiosas' que considere cada padre y cada madre de Nuevo León".
La dependencia además recalcó que el ejercicio del derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia, libre de cualquier tinte ideológico, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar esos temas.
"Que incluyen el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual", precisó.
"Dado el interés superior de la niñez que tiene rango constitucional, este derecho no puede verse restringido por una decisión de padres, madres o tutores. Por su parte, el derecho a una educación con perspectiva de género ayuda a impulsar una sociedad inclusiva y no sexista, y es un paso importante para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias".