El pasado martes 25 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió el Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el reglamento se señala que su objetivo es establecer la organización y funcionamiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como determinar la estructura y atribuciones que corresponde ejercer a cada una de sus Unidades Administrativas.

Con su publicación, el reglamento toma vigencia y ya está en operaciones la Comisión, pero la información de cuál es su presupuesto para el fin de año y cuánto habrá para el 2026 es información que está en la opacidad.

El documento describe lo que la reforma legal estableció al desaparecer el órgano autónomo, que la nueva Comisión será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Aunque ya no es órgano autónomo, se indica que la CRT tendrá independencia técnica, operativa y de gestión, y será "imparcial para dictar resoluciones".

Su objetivo, se indica, es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en los términos que fija la Constitución, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"La Comisión tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, las redes públicas de telecomunicaciones, servicios de infraestructura pasiva y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como del despliegue y el acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en los términos que establece la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones jurídicas aplicables", se precisa.

La reforma que desapareció al IFT dejó en la Comisión Nacional Antimonopolio, adscrita a la Secretaría de Economía, las facultades de competencia en materia de telecomunicaciones y no en la CRT.

Sin presupuesto claro para arrancar sus funciones en 2006, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá una estructura burocrática amplia, similar a la que había en el IFT.

Con cinco comisionados, se prevén las unidades administrativas de la Presidencia, con su Secretaría Técnica del Pleno; una Secretaría Técnica y seis Direcciones Ejecutivas de Vinculación Institucional; Comunicación Social;  Asuntos Internacionales; Proyectos y Operación Institucional; Indicadores, e Infraestructura y Desarrollo.

Además, se prevén 13 Direcciones Generales de Concesiones, Autorizaciones y Registros; Política Regulatoria; Promoción de la Infraestructura e Implementación de Medidas Asimétricas; Espectro Radioeléctrico y Recursos Orbitales; Licitaciones de Espectro; Supervisión del Cumplimiento; Vigilancia de Regulación Asimétrica; Vigilancia y Verificación; Sanciones; Audiencias y Prospectiva; Jurídica; Planeación; y Administración y Finanzas.

La ex diputada María Elena Pérez-Jaén acusa que está en peligro la continuidad de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque para 2026 solo se le asignaron 25 millones de pesos al nuevo órgano Transparencia para el Pueblo.

Destaca que tal cantidad de dinero no alcanza siquiera para darle mantenimiento a la Plataforma ni pagar los costos de operación.

"Los 25 millones no van a ser suficientes para el mantenimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que están intentando con esto es dejar inoperante a la Plataforma", denuncia la también ex comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).

En entrevista, Pérez-Jaén Zermeño considera que sigue el estrangulamiento presupuestal a instituciones que le son incómodas al Gobierno y que garantizan derechos de la ciudadanía.

Cuestiona cómo es posible que México pasó de tener un Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a un órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo, con sólo 25 millones de pesos para  ejercer en 2026.

"Son migajas, tan sólo el INAI tenía mil millones de pesos y ahora, a Transparencia para el Pueblo sólo le dan 25 millones para el 2026.

"Están intentando, primero, estrangular, menguar estas instituciones y estrangular los derechos que tutelan, para que así no cumplan con sus atribuciones", opina.

María Elena Pérez-Jaén advierte que tras la desaparición del INAI, la plataforma se deteriora día tras día.

"La importancia de la Plataforma Nacional de Transparencia es que concentra toda la información histórica de la transparencia de más de 800 sujetos obligados.

"Es el centro neurálgico de la transparencia gubernamental, ahí es donde están todas las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos y al estrangular la plataforma presupuestalmente también se mata el mantenimiento de la misma, el hospedaje de toda la información histórica, por eso 25 millones de pesos no alcanzan para nada, la Plataforma Nacional de Transparencia es un monstruo de información, información que se debe resguardar y también actualizar", explica.

Destaca que la Plataforma Nacional de Transparencia está fallando, porque empieza a tener muchas deficiencias a raíz de que a mediados del año dejó de existir el INAI.

Es evidente, dice, que ya no se sube información actualizada de transparencia y que cuando hay alguna información que debe ser pública, de inmediato se le ponen candados de reserva.

"De verdad, si intentas entrar, en la página te dicen que no está en funcionamiento. Intentas y no puedes entrar, están matando la plataforma", describe.

En su opinión, el objetivo es desmotivar a que la gente ejerza su derecho de acceso a la información y exigir al Gobierno el cumplimiento de su obligación de transparencia.

"Cada vez que hay una noticia que involucra transparencia, inmediatamente le ponen los candados, así como le hizo este hombre el Pepín (López Obrador) con su declaración patrimonial, que es una obligación de servidor público. Ya la bajó, claro, aunque esto es una competencia del estado de Tabasco, es así como actúan cuando algo les resulta incómodo", menciona Pérez-Jaén, sobre uno de los hermanos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destaca que prácticamente todas las dependencias federales evitan transparentar el uso de recursos públicos o la información sobre contratos.

Ahí están, asegura, las secretarías de Defensa Nacional, la de Marina, la de Seguridad Pública y la de Gobernación, junto con la Guardia Nacional y el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, dando información incompleta y reservando datos.

"Con las solicitudes que llegan, reservan o no entregan los datos completos, y así es que están desmotivando a la gente a pedir información", sostiene.

Considera que con la asignación de sólo 25 millones de pesos a Transparencia para el Pueblo, en el Presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se muestra cuál es el compromiso real de la Presidencia de Claudia Sheinbaum con la transparencia.

"No es algo con lo que la Presidenta comulgue o tenga empatía, al contrario, tiene una animadversión muy grande Claudia Sheinbaum con la transparencia. Estas asignaciones las hace Hacienda, es la que toma este tipo de decisiones. Ese es el interés, el compromiso, que están demostrando con la transparencia", reclama.

Considera que con un órgano sin recursos para operar como lo hacía el INAI se cierra el círculo para menguar cada vez más la transparencia del Gobierno, que empezó con recortes presupuestales, un pleno incompleto en el Instituto y las reformas legales para desaparecer al órgano rector.

"Todos lo sabemos, la transparencia queda en sus discursos, pero en la realidad, por la vía de los hechos, es para estrangular estos derechos de acceso a la información", expone Pérez-Jaén, quien ha recurrido en varias ocasiones a las solicitudes de información para dar seguimiento a acciones de Gobierno, contrastar datos oficiales y denunciar actos de corrupción.

"Es una vergüenza lo que estamos viendo", sentencia.

Agrega que además de dejar morir a la Plataforma Nacional de Transparencia, dejó de haber eficiencia en los recursos de revisión de las respuestas de los entes obligados.

"Los resolutivos se están resolviendo mal. Bueno, antes uno podría decir ante una negativa de información, 'si no me responden, me voy al amparo', pero ahora como está este Poder Judicial, ya no ¿qué hacemos?".

Recuerda que el INAI no era un órgano que respondía a las solicitudes, sino que su pleno resolvía sobre impugnaciones que hacían los particulares sobre las respuestas que daban los entes obligados.

La información obligatoria y las respuestas para abrir los datos del Gobierno, recuerda, es lo que resguarda la Plataforma Nacional de Transparencia, que era operada por el INAI.

"El control, la administración y pago de su funcionamiento, del hospedaje de la información, lo tenía el INAI, por eso los 25 millones no alcanzarán para mantener la plataforma.

"La Plataforma Nacional de Transparencia era el corazón, el cerebro, el motor del INAI", remarca.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones sufrió una lenta agonía presupuestal, antes de llegar a su fin como órgano autónomo en octubre pasado.

Una vez aprobada la reforma constitucional que decretó su extinción, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignó para el ejercicio 2025 un presupuesto de sólo 500 millones de pesos, cuando había solicitado mil 680 millones.

La nómina del Instituto abarcaba casi mil millones de pesos, por lo que el monto de 500 millones era insuficiente para cubrir los gastos de recursos humanos.

Fuentes del extinto IFT explicaron que ya con la reforma que estableció el fin del órgano autónomo y con el recorte presupuestal, internamente se decidió terminar el 99 por ciento de los contratos de nómina del personal y dejar una pequeña reserva aún para viáticos para los servidores que tenían la función de hacer notificaciones, y para alguna publicación que se tuviera que hacer. 

El monto aprobado por la Cámara de Diputados alcanzó para cubrir la nómina de la institución hasta la primera quincena de julio, sin que se aprobara todavía la ley secundaria que daría vida al nuevo órgano, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En esas condiciones, el IFT debía seguir en funciones, pero ya no había recursos presupuestales.

Con las nuevas leyes en telecomunicaciones y competencia, aprobadas en periodo extraordinario de sesiones a fine de junio, se  permitió disponer recursos del fideicomiso que tenía el IFT, por mil 500 millones de pesos, para cubrir los gastos de recursos humanos, esencialmente con lo que se cubrieron finiquitos y aguinaldos.

También se dispuso que el IFT pudiera recibir el 3.5 por ciento de los pagos de concesiones por uso del espectro radioeléctrico.

De ese concepto se pagó hasta la última nómina, el 16 de octubre de este año, que significó la fecha de "muerte" del IFT.

Antes del fin del Instituto, el Gobierno federal envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 8 de septiembre.

Ya no hubo petición presupuestal para el IFT y tampoco se consideró recurso alguno para la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dentro del presupuesto de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.